lunes, 5 de agosto de 2019

El Rey pide buscar "una solución" antes de convocar nuevas elecciones


Tradicional posado de los reyes de España en Marivent, en Mallorca, y aviso del monarca sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones ante la investidura fallida de Pedro Sánchez.
Felipe VI, que se reúne el miércoles con el presidente en funciones, preferiría que se pudiera formar Gobierno sin ir a las urnas otra vez.
“Es mejor encontrar una solución antes de ir a unas elecciones”, aunque “la previsión constitucional permite la posibilidad” de unos próximos comicios, ha dicho el Rey.
Pedro Sánchez fracasó en su intento de convencer a los grupos de la Cámara que podían hacer posible su investidura, especialmente a Podemos, y eso acarreó que solamente el grupo socialista y un diputado regionalista le apoyara el 25 de julio.
Las negociaciones con los izquierdistas han sido especialmente escarpadas, con cruces de acusaciones y filraciones entre las dos partes.
Sin embargo el apoyo de Podemos es fundamental para que Sánchez pueda tener éxito en septiembre y no verse forzado a convocar elecciones. Especialmente cuando las llamadas a la abstención de Ciudadanos y Partido Popular están siendo infructuosas.

miércoles, 24 de abril de 2019

Un país capturado por corporaciones


Muchos Estados latinoamericanos han sido capturados por elites corporativas. Los negocios de estas compañías impiden desarrollar políticas progresistas y, paradójicamente, son trabas para cumplir con acuerdos internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El de México es uno de los ejemplos más claros de la captura corporativa del Estado en la región. ¿Pueden cambiar las cosas bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador?
Acordados por los Estados miembros de Naciones Unidas y diseñados «para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad» y para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son en verdad admirables como metas a alcanzar en 2030. Pero tres años después de su adopción por parte de los líderes mundiales, su progreso es muy lento, particularmente en México. ¿Qué es lo que no está funcionando?

La captura del Estado por parte de la elite corporativa, a pesar de que no sea esta la única causa, explica en gran parte el problema. La indebida influencia corporativa en las instituciones estatales y sobre los responsables de la toma de decisiones relacionadas con políticas públicas socava la capacidad del Estado para estimular el crecimiento económico, reducir la pobreza y la desigualdad y proteger el medio ambiente.

Esta captura del Estado es a la vez causa y efecto de las fuertes disparidades en términos de riqueza de las que adolece México, que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce como uno de los «grandes desafíos».

A día de hoy, la economía mexicana es la quinceava más grande del mundo, pero México ocupa el lugar Nº 17 del ranking de países más desiguales en términos de distribución de la riqueza. Y dado que el poder económico se traduce en poder social y político, lo que tenemos es un sistema en el que la elite económica puede conseguir que se gobierne el país según sus intereses. Lo cual, a su vez, tiende a intensificar las desigualdades.

En todo el mundo, la extrema concentración de la riqueza ha reducido los recursos públicos disponibles para el desarrollo. A la vez que los países se vuelven más ricos, los gobiernos se vuelven más pobres, debido en gran parte a los altos niveles de evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y el uso de paraísos fiscales para ocultar ganancias privadas.

Un informe de 2018 del Banco Mundial demuestra que las empresas multinacionales trasladan alrededor del 40% de sus ganancias a paraísos fiscales y que México es uno de los países más afectados por este fenómeno. En 2015, el Estado mexicano perdió 197.150 millones de pesos (14.200 millones de dólares al tipo de cambio promedio de 2015) por evasión fiscal de empresas privadas.

El establecimiento de una base fiscal fuerte en México aumentaría sin duda el volumen de fondos públicos disponibles para un desarrollo sostenible. Pero mientras el Estado mexicano siga cediendo ante los intereses corporativos, habrá pocas probabilidades de que esto llegue a ocurrir.

La actual crisis de derechos humanos en México es síntoma de un sistema que permite que los intereses económicos moldeen la legislación nacional, las regulaciones y las políticas públicas a beneficio propio. Pero dado el alto nivel de convergencia que existe entre los derechos humanos y los ODS, es imprescindible que México encuentre la manera de implementar de manera adecuada los estándares internacionales en materia de derechos humanos, si es que piensa tomarse en serio esos objetivos.

La violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos en México se ha descontrolado en los últimos años: 120 periodistas fueron asesinados entre enero de 2000 y octubre de 2018 y, ya en 2017, México era el tercer país más peligroso de América Latina y el cuarto más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Hoy, a solo tres meses de la toma de posesión del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya han sido asesinados 14 periodistas y activistas.

Casi todos los ataques contra activistas ocurren en el contexto de actividades empresariales, lo cual no debería sorprendernos dada la obvia discrepancia entre el desarrollo sostenible dirigido por las comunidades y los intereses del sector privado motivados por los beneficios monetarios. La minería, la construcción de infraestructuras, la energía y la explotación forestal son actividades industriales relacionadas con frecuencia con los ataques selectivos contra quienes se oponen a ellas.

La captura del Estado por parte de las corporaciones implica que este, una y otra vez, fracasa en el intento de implementar leyes que permitan evitar las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas. A menudo las grandes firmas actúan con casi total impunidad, lo que explica el incremento de la violencia.

El derrame tóxico de 2014 procedente de una mina de Grupo México en ríos del estado de Sonora, en el norte del país –el desastre medioambiental más grave hasta la fecha de la minería en México– es emblemático del fracaso del Estado de implementar leyes en defensa de las comunidades locales. En el momento del derrame, el regulador medioambiental había permitido que una subsidiaria de Grupo México operara la mina sin los permisos requeridos para el manejo de desechos tóxicos, saltándose la obligación que establece la legislación internacional en cuanto a prevención de violaciones del derecho de las comunidades locales a un ambiente sano.

No solo no se implementan las leyes de manera adecuada, sino que, en algunos casos, la legislación nacional tampoco impone obligaciones lo suficientemente onerosas al sector privado. El lobby minero mexicano, por ejemplo, ha logrado que exista una regulación que favorece sus intereses por encima de los de las comunidades afectadas.

Bajo el disfraz de impulsar el desarrollo, la Ley Minera considera que la actividad minera es de utilidad pública y preferente –es decir, que está por encima de cualquier otro uso de la tierra–, lo que en la práctica pone el territorio de los pueblos indígenas y campesinos a disposición de las empresas extractivas. Esta ley viola el derecho a la autodeterminación de las comunidades –principio reconocido por el derecho internacional– y con 50% de la población de las zonas de producción de oro y plata viviendo en condiciones de extrema pobreza, el gobierno mexicano debe preguntarse si la minería ha sido realmente el catalizador del desarrollo que prometió.

¿Pueden cambiar las cosas bajo la administración de AMLO? Sin duda, su promesa de luchar contra la corrupción y la desigualdad es un paso en la dirección correcta, aunque el camino no será nada fácil. Ambos fenómenos arraigaron profundamente bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo ininterrumpidamente en el poder desde 1929 hasta 2000, para cederlo al conservador Partido Acción Nacional (PAN) entre 2000 y 2012, y luego regresar nuevamente, en un sexenio marcado por escándalos de corrupción en el gobierno federal.

La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México –un proyecto envuelto en corrupción y abusos a los derechos humanos–, tras una consulta popular nacional realizada en octubre del año pasado, parecía un gesto prometedor por parte del entonces presidente electo AMLO. Pero la consulta fue cuestionada por su falta de sustento legal y por no cumplir con los estándares internacionales en cuanto a participación pública. La decisión deberían haberla tomado las comunidades –principalmente indígenas– cuyo territorio era el afectado por la construcción del aeropuerto, y no toda la nación.

Pocas semanas después, la nueva administración realizó otra «consulta» sobre otro gran proyecto de desarrollo que se saldó con un resultado que no fue el que esperaban las 82 comunidades indígenas afectadas. Se trata de la construcción del Tren Maya –una línea de ferrocarril que atravesará el sureste del país–, proyecto que seguirá adelante a pesar de obvias violaciones del principio de derecho internacional que establece la obligación de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades indígenas para aquellos proyectos susceptibles de afectarles a ellas y a sus territorios.

Se da el caso de que el Tren Maya, presentado por el gobierno como un proyecto impulsor de desarrollo social y económico y que supuestamente respetará las culturas indígenas, cruzará cinco estados en los que se están desarrollando actualmente grandes proyectos energéticos. El gobierno mismo admite que uno de los objetivos del proyecto es permitir que florezca la industria energética.

Cabe preguntarse a quién beneficiará realmente este tipo de desarrollo. De nuevo, empieza a parecer que las comunidades locales van a quedar marginadas a resultas de políticas de desarrollo diseñadas para conseguir copiosas ganancias financieras para la élite empresarial y política.

Fuente: http://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/m%C3%A9xico-y-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible/

sábado, 6 de octubre de 2018

Si no encarcelan a los jefes México


1, La realidad es que los mexicanos, desde los primeros días de gobierno, “le miden el agua a los camotes”, es decir, se dedican a ver si es serio, si cumple con lo prometido o sólo fue un “lengua larga” más. Pero López Obrador sí les llegó hondo porque llevaba más de 15 años en campaña sin doblegarse ante los gobiernos. Saben que AMLO sí va a castigar a todos aquellos que han robado, defraudado y saqueado las arcas del gobierno., comenzando con los expresidentes de la República que ha sido los que ordenan las políticas. Con excepción de Madero que fue asesinado en 1913, Carranza que fue asesinado en 1920, el jefe máximo, Calles que fue expulsado del país en 1936, lo presidentes han saqueado y asesinado y no han recibido castigo alguno.
2. López Obrador, el presidente electo, es inteligente; no puede dejar que su intenso trabajo político y prestigio se le caiga por errores o indecisiones, así como por campañas de sus enemigos contra sus proyectos. Entre éstos está el aeropuerto, la reducción de altos salarios, la justicia a los defraudadores, la recuperación de Pemex, los ninis, los pensionados, educación, salud; son mil un problemas comprometidos con sus electores y el pueblo. Sabemos que también debe tomar en cuenta los fuertes intereses de los empresarios cuyo único objetivos es hacer dinero a como dé lugar. Así que tiene que moverse entre dos fuerzas: el pueblo que exige justicia como cada seis años y los ricos que sólo desean ganar dinero.

3. La realidad es que se le puso duro a López Obrador: el pueblo votó abrumadoramente para castigar a los culpables de desfalcos, de robos al erario, de la miseria y hambre del pueblo. Votó dándole facultades (amplia mayoría de diputados y senadores) para cambiar y renovar la Constitución. López Obrador ha demostrado una inmensa capacidad e inteligencia para (al fin) obtener la Presidencia de la República. Si todo está en sus manos, ¿tendrá la inteligencia, la valentía, la decisión, para confrontar a la clase política del PRI y el PAN? De ninguna manera sería una venganza por AMLO ha demostrado mucho su pacifismo; es simplemente hacer la justicia que nunca se ha aplicado en México porque son la misma clase dominante.

4. En campaña, antes de las elecciones, López Obrador tenía que cuidarse; pero ya presidente debe demostrar que es diferente; no es el mismo derechista pro empresarial del PRI y el PAN que gobernaron desde 1929 o desde 1917, después de promulgarse la Constitución. Se ha dicho que Peña (2012-18) mantuvo el peor gobierno de México en todos los campos; pero igual, cuando salió Calderón (2006-12) se dijo que no había habido un gobierno con más de 120 millones de nuestros y asesinados. Lo mismo se dijo del funesto Fox y de los no menos nefastos Zedillo, Salinas. Aunque AMLO ha dicho y repetido que será un gobierno diferente, eso no quiere decir que no habrá justicia para castigar a quien corresponda

5. La realidad es que si metieran a la cárcel a Rosario Robles por “La estafa maestra” y demás; si encerraran a los Duarte de Chihuahua y Veracruz, por innumerables fraudes, si metieran a Lozoya por los negocios multimillonarios con Odebrecht o y a Gutiérrez por la triangulación millonaria de negocios en beneficio del PRI, nada se lograría porque no son los directamente culpables. A pesar de los miles de millones que pusieron en sus cuentas, sólo recibieron órdenes superiores –de la Presidencia- para hacer lo que hicieron. Por ello, dado que todos esos fraudes estuvieron ligados a las elecciones del PRI y el PAN, los encarcelados sólo pasan unos días o semanas en prisión, para luego salir libre para gozar los cientos de millones de sus enormes depósitos. 



Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

Veracruz México


Ya estamos a “minutos” del relevo gubernamental y a “segundos” del relevo en el Congreso del Estado de Veracruz y curiosamente, ya hay voces que hablan de una de las más interesantes propuestas de que se tenga notica en la entidad, hablamos de la “compra de diputados morenos”, es decir, la “minoría legislativa” busca, a toda costa, quitarle 6 diputados locales a la bancada del grupo legislativo de Morena, con la firme intención de, echarle a perder el gobierno y la gobernabilidad a Cuitláhuac García, el gobernador electo.

¿Y quiénes son los que vociferan que pueden hacerlo? Obvio, el grupo legislativo del PAN que, entre sus filas, todavía están contemplando a Sergio Hernández Hernández, gente de José de Jesús Mancha Alarcón, todavía presidente del PAN estatal y José Manuel de Unanue, diputado por Boca del Río, gente cercanísima a la familia del todavía gobernador Miguel Ángel Yunes.

¿Especificamente quién? Pues un alcalde de la zona serrana que, asegura, a través de su hija y su yerno, van a hacerse “con el control” del congreso de Veracruz y echarle a perder el gobierno a Cuitláhuac García, así, sencillo ¿Pero por qué lo dicen? Porque ven en Sergio Hernández a un sujeto TODAVÍA con poder político y económico mientras Pepe Mancha siga en el PAN. Un ejemplo de ello lo representa el despojo del que está siendo objeto, con la ayuda de Sergio Hernández, de una casa, propiedad de la señora Luz María González Landero de 87 años de edad.

Esto en Xalapa, la capital del Estado en donde, Hernández Hernández quiso fincar su coto de poder y sin embargo, no lo logró debido a las traiciones que hubo en su equipo de trabajo, gente que hoy, por supuesto, luce sus fotos con el gobernador electo Cuitláhuac García, después de haber inundado sus redes sociales, con fotos donde se les veía apoyando abiertamente al clan Yunes y a sus allegados, con la firme intención de obtener una posición en el gobierno y el poder legislativo.

Mayran Lg publicó en su red social una foto al lado de Sergio Hernández donde dice: “Aquí, casual, planeando como desalojar a mi abuelita con la ayuda y el poder de #Sergiohernandezhernandez” ya ha sido bautizada como #LadyHerencia en las redes. Junto con esta acusación, a Sergio se le suma la del atentado a un joven estudiante de leyes en Xalapa, atribuido al líder estudiantil Ramsés Cruz del Valle, quien es vicepresidente de la Mesa Directiva de la Facultad de Derecho y vinculado directamente a Sergio Hernández Hernández, TODAVÍA presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura veracruzana y que se siente, TODAVÍA diputado plurinominal en la LXV Legislatura, gracias, por supuesto, a la ayuda y apoyo incondicional de su protector José de Jesús Mancha Alarcón.

De ser verdad que buscan comprar diputados morenistas, Sergio y Unanue cuentan con suficiente capital económico para hacerlo, pero ¿Qué opinan de los diputados “morenos” que se están vendiendo o se dejan comprar? Alguno de ellos, incluso, ya trae vehículo de más de un millón de pesos y lo presume muy orondo por su distrito ¿Será? Ambos –Dicen- cuentan con el capital suficiente para comprar, como mínimo, con tres MDP a los seis diputados que tengan la intención de venderse, cambiar de bando “chaquetear” a Morena o más directo: Traicionar a su partido (Como lo hicieron los priistas en su momento).

Y para colmo de males, en conferencia de prensa, Miguel Ángel Yunes, el todavía gobernador, le dijo en su cara a los integrantes del comité de Participación Ciudadana del proceso de entrega-recepción que incluye a integrantes de la CANACO y el CCEXque NO va a pagar sus deudas, dando a entender que, lo presupuestado se lo quedará porque está destinado para sueldos y aguinaldos, lo malo es que, en ese presupuesto, está incluido TODO el gasto corriente de estos dos años y los adeudos anteriores o por lo menos, una parte ¡Cómo los ven!

#DeOficio: A través de un tuit (Como su gobernador) Sergio Hernández Hernández “Rechaza de manera contundente” las versiones que afirman su participación en el intento de desalojo de la señora Luz María González Landero… Desafortunadamente, LOS VECINOS sostienen que, los familiares de la afectada, ASEGURAN que Sergio los está ayudando ¡Ni como creerle al vendedor de gelatinas! ¿Y si nos echamos un volado?

#DeOficio: El pasado lunes, Américo Zúñiga Martínez presentó la última guardia de honor como presidente del CDE del PRI en Veracruz, en su discurso, Zúñiga Martínez aseguró que “hay PRI para rato” y es “innegable la participación de dicho instituto político, en la creación de las instituciones que conforman nuestro país” ¿Así o más clarito?

#DeOficio: Muy mal por los antorchistas que cerraron la calle de Enríquez la mañana de este martes, afectando a miles de capitalinos con tal demostración de enojo, pero también, muy mal por Hipólito, el munícipe, que NI los ve NI los oye y para colmo NI moreno es, a decir de Manuel Huerta Ladrón de Guevara ¿Qué tal nuestros administradores municipales?

#DeOficio: ¡Otra más! Ya casi se acaba Septiembre y en la capital del Estado de Veracruz, lo único que florece son los baches, los desperfectos y el malestar general de la población que culpa al Doctor de INEPTO. No cabe duda que “un currículo brillante NO es la lámpara de Aladino”.

A su consideración

Carlos Morales Tapia. Periodista Independiente en el Estado de Veracruz.

Blog del autor: http://www.yoacusomultimedios.wordpress.com

jueves, 20 de septiembre de 2018

El presidente electo deberá diseñar una política de Estado en materia de igualdad


Gabriela Ramírez

Amalia García, exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Patricia Olamendi, promotora de la igualdad entre mujeres y hombres, entregaron un documento al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el que explican la necesidad de diseñar una política de Estado en materia de igualdad y proponen tres áreas fundamentales: autonomía económica, sistema nacional de cuidados y cero impunidad a la violencia contra las mujeres. 

En ese texto, las firmantes señalan que esta política es indispensable para eliminar la discriminación y garantizar los derechos de más de 67 millones de mujeres y niñas en el ámbito público y privado, reducir las brechas de género en el acceso al empleo, educación y salud y asegurar la igualdad de oportunidades. 

La primera área de interés es la de autonomía económica. En ella explican que es indispensable para avanzar en igualdad ya que esto significa que las mujeres cuenten con ingresos propios y con tiempo para estudiar y capacitarse. 

Se explica que actualmente de las más de 46.3 millones de mujeres en edad de trabajar sólo cuatro de cada 10 son económicamente activas. Las mujeres siguen sufriendo discriminación laboral por embarazo y crece su participación en empleos con bajas remuneraciones y escasas prestaciones. El 28 por ciento de las mujeres ocupadas tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos, es decir 88 pesos diarios. (4,6 dólares). 

Para revertir esta situación, las firmantes proponen: un programa emergente de empleo digno, capacitación y certificación de competencias laborales. Que se destine el 10 por ciento de las plazas en la administración pública para mujeres. Sanción a agresores que cometen hostigamiento y acoso sexual en contra de las mujeres. Estímulos a empresas que contraten mujeres. Elevar sanciones a centros de trabajo que discriminen a las mujeres, desarrollar nuevas modalidades de empleo (a distancia, medio tiempo, etc.) y destinar el 20 por ciento de créditos de vivienda a mujeres. 

En el área de Sistema Nacional de Cuidado explican al próximo presidente que las mujeres dedican 73 de cada 100 horas al trabajo no remunerado y 27 horas al trabajo remunerado. "Esto hace imposible compaginar trabajo remunerado, atención a la familia, desarrollo profesional e incluso cuidado a la salud". 

Por ello abogan por reconocer los derechos de las personas cuidadoras; compaginar horarios laborales y escolares; impulsar escuelas de tiempo completo que incluyan alimentos, transporte, servicio médico y psicológico; realizar un censo de niñas y niños víctimas del crimen organizado o que sus madre/padre se encuentren en prisión para brindarles atención inmediata; centros de cuidados para niñas y niños de madres trabajadoras con horarios vespertinos o nocturnos; centro de artes y de innovación tecnológica para adolescentes; centros de cuidado para personas adultas mayores; apoyos para madres con hijos/as con discapacidad, y reformas a la legislación en materia de guarderías para ampliar horarios, coberturas y servicios y reconocer los derechos de las trabajadoras asalariadas de hogar. 

En cuanto a la propuesta de cero impunidad a la violencia contra las mujeres y las niñas y el acceso a la justicia señalan que siete de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, además 12 de cada 100 niñas son madres antes de los 15 años; desde el año 2000 han ocurrido 23.763 muertes violentas de mujeres, 7.000 mujeres siguen desaparecidas y más de 60.000 denuncias de violencia familiar han sido archivadas. 

Para este rubro llaman a reconocer el derecho de las mujeres a que se respete su vida y su integridad; que el derecho a la vida de ellas sea protegido de prácticas sociales y culturales que lo vulneren y que incluya protegerlas de los efectos de la pobreza. 

Además, demandan homologar la legislación para sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres; sancionar toda apología de la violencia; establecer como delitos graves la violencia familiar y sexual; crear unidades de investigación y seguimiento de medidas de protección en policía federal y fiscalías especializadas en violencia de género. 

Asimismo, proponen la creación de un sistema de alerta para mujeres desaparecidas, establecer juzgados especiales en violencia de género; apoyos para la instalación de refugios y la revisión de los modelos de atención de los centros de justicia. 

También solicitan seguro contra violencia que incluya apoyo temporal de vivienda y empleo; fondo de reparación de daño a hijos e hijas de madres víctimas de feminicidio; creación de una plataforma de revisión para casos de mujeres víctimas de abusos sexuales y violaciones; y establecer mecanismos de visitaduría encargados de garantizar que los procesos penales contra mujeres cumplan con principios de inmediatez, imparcialidad, legalidad, igualdad y publicidad.

martes, 18 de septiembre de 2018

miércoles, 29 de agosto de 2018

El triunfo de AMLO para “Nuestra América”


Los ecos del triunfo electoral del movimiento lopezobradorista en las elecciones mexicanas del 1 de julio pasado comienzan apagarse y la ciudadanía vuelve a sus rutinas cotidianas. Pero, nada ha cambiado aun en México, la condición “gore” se mantiene. Aunque la transición gubernamental se presenta tersa, o sea, suave y tranquila, dado los cinco largos meses que faltan para que asuma el nuevo gobierno, nadie podría asegurar que la tersura inicial se mantenga en el tiempo. Muchos intereses económicos y políticos que comprometen directamente a los poderes fácticos que operan en la sociedad mexicana están “juego” con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al gobierno.

Los Poderes Fácticos Mexicanos

Los diversos poderes fácticos, principales agentes de la violencia y de la corrupción están intactos y podrían operar en cualquier momento en contra del presidente electo y de sus aliados. El accionar del crimen organizado, del empresariado antidemocrático y corrupto opera con sigilo entre los recovecos de los poderes institucionales; las extensas y profusas redes de la corrupción burocrática federal, estadual y municipal están operativas y prestas; las organizaciones sociales y políticas corruptas se preparan para actuar en el nuevo escenario político; lo mismo sucede con los aparatos represivos (policías y fuerzas armadas), con los medios de comunicación de masas, vinculados directa o indirectamente con los poderes fácticos y gubernamentales, etcétera. Todos siguen, como las arañas, urdiendo y tejiendo sus redes. La “mafia del poder” no ha sido derrotada ni desarticulada. Esta mafia, que, según AMLO, ha tenido secuestrada, durante largos años, a la democracia, sigue operativa.

Ahora bien, una “democracia secuestrada” por los poderes facticos no se libera solo con un triunfo electoral por muy sólido, masivo, contundente y mayoritario que haya sido como fue el triunfo de AMLO; se requiere, por lo menos, proponerse cambios radicales y estructurales profundos que afecten directamente a las fuentes del poder social de esos actores políticos estratégicos mexicanos. Lo que se necesita, en otras palabras, es que el movimiento lopezobradorista inicie una revolución política, social y económica que voltee completamente al México actual, de lo contrario, los poderes fácticos tienen la fuerza y los recursos humanos y logísticos para obstaculizar de diversas formas al futuro gobierno. Sobre todo, impedir su ascenso el próximo 1 diciembre. La historia de la infamia sigue su curso en México.

Por eso, para “hacer historia” como pretende el movimiento lopezobradorista tiene que frenar en seco: la historia que los poderes facticos construyeron hace ya, aproximadamente, cuatro décadas, en México. Con esos poderes no se pacta ni se transa. De no revolucionar la historia, la sociedad mexicana, seguirá, por un lado, manteniendo la actual estructura de dominación y, por otra, va recorrer la senda trazada por los diversos gobiernos progresistas latinoamericanos que emergieron durante el denominado “giro a la izquierda”, entre 1998 y 2015.

El Giro a la Izquierda: éxito y fracaso

La izquierda y el progresismo latinoamericano ha celebrado con júbilo y esperanza el triunfo político y electoral de AMLO pues ha considerado que dicho triunfo podría constituirse en un freno a la “reacción conservadora” de las derechas latinoamericanas que desde 2009 en adelante han venido recuperando el gobierno en distintos países de América del Sur. Con igual ilusión esperan la excarcelación del expresidente Ignacio “Lula” da Silva y su futuro triunfo electoral en las próximas elecciones de octubre.

En efecto, hace una década que las fuerzas políticas del capital neoliberal han venido recuperando ya sea por medio de acciones políticas institucionales (golpes blandos) o, a través de triunfos electorales, el gobierno de países que habían elegido en la década anterior gobernantes progresistas o de izquierda.

El “giro a la izquierda” que para muchos analistas de izquierda había abierto en América Latina y el Caribe, un escenario pos-neoliberal, se había iniciado en 1998, con el triunfo electoral de Hugo Chávez, había comenzado a cerrarse con el triunfo presidencial de Mauricio Macri, en Argentina, en el 2015. Así en en una década, la derecha neoliberal “recuperó” los gobiernos de Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Honduras y, se mantuvo triunfante en Chile, Colombia, Guatemala, República Dominicana y Haití. Mientras que partidos “progresistas”, pero no necesariamente antineoliberales, mantienen en el gobierno, en El Salvador y en Uruguay. Solo dos sociedades que optaron por realizar cambios revolucionarios, ya sea, políticos o sociales, se mantienen en pie y en lucha, Bolivia y Venezuela. En una situación altamente contradictoria y compleja, se encuentran los gobiernos supuestamente progresistas y de izquierda, de Lenin Moreno en Ecuador y Daniel Ortega, en Nicaragua. En consecuencia, la actual situación política de los progresismos y de la izquierda latinoamericana es, por cierto, paupérrima. Obviamente, que el triunfo de AMLO y su discurso antineoliberal, entusiasma. Pero hay que ser mesurados en la celebración y en el triunfo como también su proyección futura.

Ahora bien, teniendo en vista este cuadro situacional considero que presenta el “giro a la izquierda”. Pienso que este debe ser analizado distinguiendo lo que son los procesos revolucionarios de cambio histórico, por un lado, de los gobiernos progresistas que buscaban corregir o atenuar las consecuencias sociales, económicas y políticas del neoliberalismo en sus respectivas sociedades, por otro.

Luego de dos décadas de cambio político impulsado por actores políticos y sectores progresistas antineoliberales, el fracaso histórico esta a la vista. Tan solo, dos sociedades, Venezuela y Bolivia, continúan, la primera, con muchas dificultades y problemas, impulsando políticas públicas de orientación antineoliberales. Aunque, la primera, busca implementar también medidas anticapitalistas, la segunda, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha optado por consolidar una nueva versión del capitalismo nacional-popular-desarrollista que García Linera, nombra como capitalismo andino-amazónico.

Los gobiernos progresistas en Brasil, Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff; en Argentina, los Kirchner, Néstor y Cristina Fernández; Rafael Correa, en Ecuador; como también, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay como de la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile, solo impulsaron un conjunto de medidas y políticas que tendieron a corregir algunas de las principales fallas de la economía de libre mercado. Todas ellas muy significativas para los sectores populares y empobrecidos por el impacto social del neoliberalismo. Sin embargo, no tocaron las estructuras del poder capitalista.

Este poder limitó y obstaculizó, a través de distintas acciones sociales, institucionales, comunicacionales, políticas y políticas, la acción gubernamental de los gobiernos progresistas. Ante la “vuelta del Estado” y su accionar de protección social y reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales anteriormente conculcados; muchos actores políticos y organizaciones sociales ciudadanas vinculadas, especialmente, a las capas medias, demandaron más libre mercado, en otras, palabras más “libertad para elegir”. Toda regulación por parte del Estado del mercado fue denunciada como un atentado en contra de la libertad individual y, sobre todo, como una acción autoritaria de parte del gobierno. Entre la gran burguesía capitalista y las capas medias promercado se fue gestando una alianza social y política dispuesta a recuperar la conducción gubernamental con el objeto de sostener y dar continuidad al neoliberalismo.

El Giro a la Derecha: ataque a los gobiernos progresistas

Para esos efectos, la estrategia política consistió en atacar institucionalmente a los gobiernos progresistas y, convocar a la protesta política y a la movilización social callera de los sectores medios e incluso populares con el objeto de desestabilizar al gobierno. En Brasil, Argentina, Paraguay y Honduras, entre otros países, la combinación y articulación de ambas dimensiones de la estrategia derechista, tuvo éxito. La derecha hondureña (2009), la paraguaya (2012) y la brasileira (2016), destituyeron a través de un “golpes blandos” a los presidentes en ejercicio, Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff, respectivamente. En Chile (2010), la derecha llegaba, luego de 50 años, al gobierno a través de un proceso electoral. Mientras que, en Argentina (2015), luego de un siglo.

Ahora bien, la re-vuelta de la derecha neoliberal ha sido exitosa no solo por el despliegue de su adecuada estrategia política sino, también, por los errores políticos cometidos por los propios gobiernos progresistas. Aquí la lista es larga y abundante. Tal vez, el más importante de todos dice relación con la no ruptura con el padrón de “acumulación por desposesión” en base a la explotación y devastación de la naturaleza. Es decir, del llamado modelo neo-extractivista de crecimiento económico que dio lugar al denominado “consenso de los commodities”.

Entre los gobiernos progresistas e incluso de la izquierda revolucionaria se instaló una idea hegemónica, según la socióloga Maristella Svampa, que es producto de la convergencia entre un histórico paradigma extractivista, asociado a la reprimeración y comoditización de la economías, y una visión tradicional, cuyo rasgo saliente continúa siendo el productivismo y la competitividad a ultranza, conceptos apenas rejuvenecidos por la utilización siempre oportuna y frágil de ciertas categorías globales (sustentabilidad, responsabilidad social empresarial y gobernanza). Todo ello llevó a los gobiernos progresistas no solo a un persistente acoplamiento entre extractivismo y neoliberalismo, expresado de manera emblemática por Perú, Colombia, Chile y México, sino también por países con gobiernos progresistas como ha ocurrido en Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, e, incluso, algunos autores como Svampa, incluyen a Bolivia.

La alianza entre extractivismo y neoliberalismo ha implicado la masiva resistencia de los pueblos y ciudadanía afectados directamente por su accionar. Ante lo cual los gobiernos progresistas han optado por la criminalización de la protesta popular y de la acción de los movimientos sociales que no solo rechazan al neoliberalismo sino al capitalismo. Incrementado la represión y la violencia sobre los sectores subalternos y plebeyos.

El qué hacer anticapitalista

Estos sectores al verse postergado y marginalizados por la acción de los gobiernos progresistas, aunque, muchos fueron favorecidos por políticas redistributivas de esos gobiernos, optaron por auto-marginarse de la actividad política en busca de alternativas más radicales.

Tengo la impresión que las ciudadanías de México que apoyaron a AMLO, llegan tarde hacerse parte del “giro a la izquierda” e incluso el programa de gobierno de AMLO está desactualizado ante el escenario latinoamericano. Su factura y hechura corresponde a lo que, tal vez, se requería a comienzos del siglo XXI. Actualmente, las ciudadanías plebeyas, los pueblos originarios, las y los trabajadores y las mujeres requieren con urgencia desmontar de cuajo el dominio capitalista, ya sea éste, en su versión “normal”, nacional-popular, andino-amazónico, o extractivista-neoliberal o cualquier otro. América Latina y el Caribe, insisto no requiere otro gobierno que venga “componer” la dominación capitalista, sino, que ojalá, le ponga fin.

Nota:

Artículo publicado en El Ciudadano, N°224, Santiago de Chile, julio 2018, págs. 28-29. Se permite su reproducción señalando la fuente.

miércoles, 4 de julio de 2018

Elecciones 2018


Introducción

Existen suficientes datos y elementos de juicio sobre las contradicciones que se registran al interior de la fracción oligárquica, la clase política, la alta burocracia, las corporaciones extranjeras y el gobierno estadounidense, para evaluar objetivamente las posibilidades de que se repita, ante el inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un “Golpe de Estado Técnico” similar a los sucedidos en 1988 y 2006. (1) A unos días de los comicios del 1° de julio los realineamientos dentro de las cúpulas del poder económico, político y cultural también ayudan a discernir los escenarios y derroteros que habrá de seguir la crisis del Régimen Político Mexicano y el Sistema de Dominación Oligárquico en que se inscribe; sus procesos de renovación y refuncionalización.

A continuación vamos a exponer, entre otras cosas, la naturaleza de las contradicciones entre AMLO y las corporaciones empresariales. Vamos a desmontar la imagen que presupone una confrontación global entre oligarquía, capital trasnacional y el candidato de “Juntos Haremos Historia”. Así, delimitaremos lo que debe entenderse por “la mafia del poder” o “cleptocracia” y el alcance del “anti neoliberalismo” de AMLO. (2) Todo en el contexto de una escalada de confrontaciones interimperialistas, de la decadencia de la hegemonía estadounidense y del renacimiento de luchas nacionales progresistas y revolucionarias.

Abordaremos el papel de sujetos y actores sociales y civiles que se han configurado en el periodo precedente al proceso electoral, a la vez que destacaremos las características de los actores emergentes en la coyuntura electoral que no son parte de las clientelas electorales tradicionales, jóvenes, capas medias, comunidades indígenas, grupos de trabajadores, sexo diversos y mujeres. En una crisis política como la actual, ellas y ellos son los sujetos decisivos, tanto si pensamos en su evolución posterior al 1° de julio, como en la configuración del nuevo mapa electoral y en los corrimientos y contradicciones del bloque dominante, de sus aparatos estatales y culturales registrados en los últimos días.

Finalmente plantearemos algunas propuestas de lucha política en la perspectiva de la disputa por el gobierno y el poder desde la óptica de la Revolución Democrática y la Liberación Nacional. Posicionamientos que toman a modo de referencia las propuestas ensayadas por las izquierdas sociales revolucionarias frente a los gobiernos progresistas y socialistas de nuestro continente. 

a) Hasta que la muerte los separe

La coyuntura electoral en México es un hito en la historia contemporánea; y no sólo porque son las elecciones más grandes en términos de puestos y disputas por el control de territorios entre los tres grupos de la clase política y los sectores de la oligarquía que representan. Sino porque la disputa electoral se produce en el marco de una crisis extrema del régimen político oligárquico que afecta al propio sistema de dominación y por ende al Estado, las iglesias, la empresa, ONG, organizaciones gremiales, los medios de comunicación y los aparatos culturales. (3) Y porque la presencia activa de las clases populares introduce una potencialidad política que puede trastocar los proyectos oligárquicos y los formulados por sus representantes políticos.

Además, las elecciones del 1° de julio son fundamentales porque se producen en el marco de un profundo desgaste del sistema de dominación hemisférico hegemonizado por Estados Unidos; potencia que a su vez vive un proceso de decadencia y de perdida acelerada de su supremacía mundial, que se antoja ya irreversible. El régimen político mexicano es una pieza de primera importancia dentro de ese sistema de dominación regional estadounidense donde se articulan las oligarquías criollas y los estados neocoloniales con excepción de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Para Estados Unidos la región, que incluye a Canadá, es su última reserva estratégica; un baluarte indispensable para mantenerse como una potencia global junto a China y Rusia; lo cual es cada vez más problemático por las resistencias populares tendencialmente revolucionarias y por sus diferencias con sectores de la elite canadiense y por las contradicciones y enfrentamientos con nuevas capas burguesas “progresistas” que sin ser antimperialistas, son limitadamente antineoliberales y antiestadounidenses, aunque siempre dispuestas a renegociar sus relaciones de dependencia neocolonial. (4)

La configuración geográfica, cultural y la densidad poblacional de México lo colocan entre los países que son decisivos para el futuro estadounidense. Compartimos más de 3 000 mil kilómetros de frontera, el acceso al caribe y conexiones estratégicas entre el Este estadounidense y Asia; unos 50 millones de mesoamericanos viven en sus entrañas; somos fuente permanente de transferencias de excedentes fruto del despojo, la explotación y las economías criminales; somos su basurero, su línea de seguridad fronteriza inmediata, estamos hablando del Suchiate, no del Rio Bravo. Además, servimos de intermediarios en la firma de más de 40 acuerdos de libre comercio que favorecen a Estados Unidos, sin que este tenga responsabilidad alguna porque operan a través de México.

Al igual que en otros momentos decisivos en la historia mexicana el activismo político del Estado y las elites estadounidenses han sido un factor de primer orden en la marcha y desenlace de los tres grandes procesos que nos configuraron como estado neocolonial: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Igual ha ocurrido con las movilizaciones e insurgencias civiles y aun insurreccionales que se han presentado desde 1988 a la fecha.

A diferencia de lo que muchos suponen, unos por desconocimiento y otros por mala fe, el pueblo de México y sus organizaciones ha ensayado las más diversas estrategias y tácticas para enfrentar al neoliberalismo y dar paso a acciones que puedan superar el proceso de ocupación neocolonial de nuestro país, del que se derivan muchos de nuestros problemas fundamentales o estructurales. La insurrección zapatista de 1994 ha sido el momento más alto de la resistencia antineoliberal y el anuncio de una posible hegemonía plebeya, nacional popular, a contracorriente del dominio que desde el campo opositor han ejercido la clase política burguesa “liberal progresista”.

El papel de Estados Unidos en este periodo no es accidental y de segundo orden, el control sobre México y el hemisferio fue parte de sus disputas globales; nunca ha existido un vacio de poder. La coyuntura mexicana debe ser vista como un aspecto de la evolución de las disputas globales y de los ciclos de transformaciones nacionales y revolucionarias del continente.

En 1988-1989, en el momento en que Estados Unidos ganaba la Guerra Fría y derrumbaba al Bloque Socialista encabezado por la Unión Soviética, se abrió un nuevo ciclo de luchas en América Latina que influyeron en la postrer debacle estadounidense y en la formación de alianzas internacionales que limitaron su despliegue político, militar y económico. En todo ello las figuras de Hugo Chávez y de Fidel Castro fueron relevantes. (5)

Las explosiones cívico-electorales en México en 1988 y el “Caracazo” de 1989 en Venezuela, abrieron la nueva fase de combates que rápidamente exhibieron las debilidades de control oligárquico en su propio terreno electoral y las contradicciones que posteriormente llevaron a la fractura del ejército venezolano y al triunfo de diversos grupos opositores. La injerencia estadounidense influyó decisivamente en la evolución política de las luchas antineoliberales y en la instrumentación de los llamados “Golpes de Estado Técnico” o “Golpes Blandos”, en el marco de estrategias de “Guerra no Convencional” o de “Espectro Completo” que se han instrumentado en Latinoamérica, a través de fraudes electorales, magnicidios, golpes a la Constitución e imposiciones del Poder Judicial.

México fue uno de los países pioneros que sufrieron este tipo de accionar contrainsurgente, particularmente en 1988, 1994, 2006. De “blandos” y “técnicos” dichos golpes han tenido muy poco; de hecho tales formulaciones trivializan o normalizan sucesos que en realidad lindan con “crímenes de lesa humanidad”; con crímenes que deberían ser juzgados por cortes internacionales.

El Golpe de estado bajo la forma de fraude electoral en 1988 fue el preludio del asesinato de casi 600 neocardenistas militantes del Frente Democrático Nacional (FDN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el preludio del desmantelamiento de las economías públicas, campesinas, sociales y comunales; de la expulsión, empobrecimiento y precarización de decenas de millones de personas.

En 1994 asesinan al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se desata una ola de asesinatos entre la clase política a raíz de la ruptura de los pactos para regular el narcotráfico y otras actividades delincuenciales propias del “grupo reinante” encabezado por Enrique peña Nieto.

El “Golpe de Estado Técnico” de 2006; el despojo electoral más escandaloso de estos años, debe situarse en el contexto de la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón contra el narcotráfico una vez que recibió la investidura presidencial a manos de un militar. La conexión de dicha “guerra informal” con la política estadounidense es obvia. El “fraude electoral” de ese año fue una decisión tomada por el conjunto de la oligarquía, el ejército y el gobierno estadounidense. Fue el detonante de la extensión del “Nuevo Constitucionalismo” estadounidense inaugurado por George Bush para justificar la violación de las leyes internacionales que norman la guerra.

El escalamiento del “Terrorismo de Estado” que ya produjo alrededor de 300 mil asesinados, 37 mil 500 desaparecidos y una cifra millonaria de desplazados en poco más de 11 años, fue una decisión deliberada. La condición necesaria para avanzar en el proceso de disolución de vínculos comunitarios y ciudadanos que de muchas maneras dificultaban el desmantelamiento de las bases culturales y materiales de la nación y el avance de las reformas neoliberales. (6)

Los feminicidios en México, 7 de cada doce de los cometidos en Latinoamérica, el tráfico de personas y crímenes como los de Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato, la tortura, la persecución y el espionaje metódico realizado por los órganos de inteligencia local, con la asesoría y la intervención directa de la CIA, el FBI, la DEA, NSA, el MOSAD y el DAS, entre otros, son parte de dispositivos de terror integrales ensayados desde el Estado. El Golpe de Estado “Blando” de 2006, desencadenó los subsiguientes golpes de Estado a la Constitución, que desembocaron en las 12 o 14 Reformas Estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. El “Estado Fallido” es una falacia; la “construcción del caos” es resultado de una estrategia deliberada, de control y de contrainsurgencia para aceitar el funcionamiento del capitalismo por despojo; la economía criminal y la neocolonización de México. Medidas que se combinaron con las reformas electorales de 2007 y 2014, que ampliaban las garantías a la partidocracia opositora, pero que enmascaraban la evolución del régimen hacia una nueva especie de dictadura civil militar tutelada por Estados Unidos.

La coyuntura electoral y la política, que va más allá del 1° de julio, se conectan con la evolución de las contradicciones y disputas entre China y Rusia contra Estados Unidos y sus socios, e influye de modo especial en la evolución de conflictos como el venezolano o el nicaragüense. Este último debe verse en el marco de la ofensiva estadounidense para detener la construcción del nuevo Canal Transoceánico controlado por China y el gobierno sandinista que pone en entredicho su monopolio sobre las vías transoceánicas y echa por tierra, más que nunca, el viejo lema: de “América para los Americanos”.

Pero sobre todo, la marcha de la crisis política mexicana influye en el desarrollo de la situación interna estadounidense más que nunca y viceversa. Por lo mismo, mantener bajo control la “cuestión mexicana” es un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. (7) Para el Estado, la oligarquía y la gran burguesía mexicana, y los bloque electorales que compiten, en este momento, no hay más futuro que el compartido con el vecino del norte; los posibles arreglos comerciales con China están muy lejos de lo ya pactado con el Estado y las trasnacionales estadounidenses.

Los cambios desde arriba, en cualquiera de las ofertas de los tres candidatos y sus formaciones políticas deben ritmarse al calor de la evolución del sistema de dominación yanqui. Uno de los puntos cruciales para la supervivencia de los Estados Unidos es México. Y, nuestro país, al igual que América Latina o Indoamérica, se le está saliendo de las manos de múltiples maneras. 

b) Liberalismo y refuncionalización del régimen político mexicano.

Otra dimensión que le da relieve especial a la disputa electoral y a la evolución de los acontecimientos que le siguen son las posibilidades de que el triunfo de AMLO oxigene, renueve y transforme el régimen político mexicano sin que este pierda su rasgo fundamental, su carácter oligárquico y pro capitalista. México es un campo de experimentación envidiable, por sus componentes geopolíticos y porque su configuración estatal y social ha sido resultado de grandes revoluciones.

Asumiendo que AMLO será el futuro presidente, su oferta de emprender la “Cuarta Transformación”, tan profunda como las de Independencia, Reforma y Revolución, presupone que se va a embarcar en cambios de la estatura de la Reforma Agraria, de la separación radical Estado-Iglesia, de la reivindicación de la dignidad y el interés público por encima de la lógica capitalista y de la propiedad privada como marca la Constitución de 1917.

Su compromiso verbal que es absolutamente ambiguo, sin embargo, lo pone ante el reto de recuperar las fuerzas productivas de la nación, la energía, los mares, el espacio radio eléctrico y las empresas estratégicas. De poner en marcha nuevas leyes y mecanismos de ejercicio efectivos sobre derechos de mujeres y los sexo-diversos. Reconocer el carácter plurinacional del país y los derechos nacionales de las mayorías originarias que somos las y los indígenas más los indomestizos, que juntos abarcamos a más del 80 por ciento de la población nacional, lo cual pondría en condición de minoría a los machos y a las comunidades criollas y extranjeras.

En fin, la “Cuarta Transformación” requiere de eso y más; lo cual es imposible sin la ruptura y el enfrentamiento con la oligarquía local y sus socios extranjeros, sin desengancharse de la cadena de dependencias neocoloniales, sin romper los tratados comerciales y político militares lesivos y sin la ruptura con Estados Unidos para retomar el camino de la integración y la unidad Indoamericana; lo cual no está en la agenda de AMLO. Sin embargo, la coyuntura política es excepcional, porque se oferta la renovación del liberalismo como corriente histórica; recuperar lo que nunca fue: democrático y equitativo o cuando menos, inyectarle nuevas energías y esperanzas en un momento en que agoniza a nivel mundial. En uno en que por más reformas electorales, reconocimientos formales de derechos humanos y proyectos de economías limpias; los rasgos “fascistas”, las guerras, el hambre, el racismo, la violencia contra las mujeres y los diferentes se han acrecentado.

Las elecciones son importantes porque el triunfo de López Obrador va a ensanchar el debate y la confrontación política entre amplios sectores del pueblo y la oligarquía; entre los discursos comunitarios y ciudadanos democráticos y el liberalismo. Porque la crisis política mexicana en una de sus dimensiones expresa el agotamiento de uno de sus soportes político culturales fundamentales; el agotamiento del liberalismo en sus diversas manifestaciones, en sus modalidades criollas y en las supuestamente universales.

Con ello la crisis de representación de las elites criollas se hará más profunda en la medida que el pensamiento eurocéntrico basado en el sujeto: hombre, blanco, burgués, “racional”, “productivo”, patriarcal y racista sigue perdiendo terreno aún en los países “occidentales”. El liberalismo es una de las dimensiones del eurocentrismo; las tres facciones que se disputan la presidencia son liberales y eurocéntricas, reproducen de múltiples formas las exclusiones de las mayorías nacionales, incluso a través de formas simuladas de integración.

Quienes dan cuerpo al “bloque del poder”, sus elites, no representan a la nación, son el vehículo de la ocupación neocolonial. La partidocracia se ha erosionado y las elecciones de Estado, con todo y el triunfo de Obrador, están severamente desgastadas, al igual que los otros poderes. Las necesidades de participación social, de protagonismo de amplios sectores de la población, a pesar de los controles impuestos por el capitalismo, ya no caben en la camisa de fuerza del republicanismo liberal, mal llamado democrático. En todo caso el reto para la revitalización duradera del régimen oligárquico requiere de reformas mayores.

Los liberales criollos, expresión de la modalidad capitalista criolla, dependiente y neocolonial, eurocéntrica y racista que se implantó en México, son quienes nos llevaron a la crisis actual; es sumamente difícil que ellos puedan ser la opción, ni siquiera en las versiones liberal-sociales como la de Obrador. Eso le introduce otro ingrediente a la crisis, no tiene salida sin alternativas ético culturales, teórico políticas producidas por las clases populares; sin nuevos modelos de nación o plurinación, sin nuevas formas de derecho y de organización política, por no hablar de nuevas matrices productivas que reemplacen los patrones tecnológicos vigentes, producto de la irracionalidad capitalista.

Frente a esto, las promesas y los desplantes de los candidatos que evaden la discusión de fondo sobre la profundidad de la crisis política y social y los retos para superarla, ponen en evidencia, no sólo su estatura intelectual sino sus compromisos con los capitales monopolistas, y su verdadera intención, “cambiar todo para que nada cambie”, para que el grueso de la sociedad siga en una larga agonía; sedados o arrinconados por crecientes dosis de conformismo, inseguridad y terror. 

c) El carácter oligárquico del régimen político

Para ser más explícitos, en la coyuntura política lo propiamente electoral es un episodio cuyas consecuencias iran mucho más allá del 1° de julio; dicho suceso forma parte de una crisis política iniciada en 1988 que expresa el agotamiento de un régimen político que tuvo sus orígenes en la Revolución Mexicana y en las reformas cardenistas. La dimensión oligárquica del régimen se consolidó en los años 50; momento en que la fracción monopolista de la burguesía mexicana imponía su hegemonía al conjunto de la burguesía local y a los mandos estatales. (8) Los oligarcas rapaces, traficantes de influencias y corruptos, que viven al amparo del Estado en México son todos, no sólo los amigos directos de Salinas de Gortari, Larrea, Coppel, Bailleres, Servitje, Ramírez o Tricio. Los modos institucionales y no institucionales del priísmo o el nacionalismo revolucionario sirvieron para enmascarar y ocultar el peso de la oligarquía en la política, la cultura y la economía mexicana.

Evidentemente la oligarquía constituye la fracción hegemónica dentro de la burguesía; debido al peso que tiene dentro de la economía y a la influencia en la definición de las políticas del Estado Mexicano. Además es la fracción burguesa más identificada con las corporaciones extranjeras con quienes comparten intereses.

El proceso de ocupación neocolonial de México que llevó a una situación de catástrofe humanitaria tiene en la oligarquía local a su principal protagonista. Sus redes incluyen a la crema y nata de la alta burocracia estatal, tanto del gabinete económico financiero como del gabinete político y de seguridad nacional. Cuentan con una red de intelectuales y organizaciones culturales que influyen en la construcción de la opinión pública. Sus relaciones con diversas fracciones de la oligarquía estadounidense, judía y europea son permanentes. Ellos son el enemigo principal del pueblo mexicano, representan al imperialismo. No son, junto a la alta burocracia estatal, una mera cleptocracia, un grupo de ladrones que viven al amparo de los negocios estatales; ni tampoco una “mafia del poder” en los términos de un grupo de delincuentes que usan de modo ilegal a las instituciones públicas para su beneficio. La oligarquía, a través de sus empresas y medios culturales, aglutina al conjunto de la burguesía mexicana, que constituye al enemigo de clase del pueblo mexicano. Dicha oligarquía está formada por unas decenas de familias, apenas unas milésimas del total de la población mexicana, ni siquiera el 1 por ciento como suele decirse.

Tiene procedimientos mafiosos y practicas propias de una cleptocracia, pero la oligarquía es la expresión estructural del dominio de los monopolios; no existen oligarcas buenos y malos, de los que se pueda prescindir fácilmente; ya que forman parte de lo que podríamos llamar un gobierno mundial; de alguna de sus facciones. Políticamente y económicamente la oligarquía, la fracción financiera de la dominación capitalista no es homogénea. Compiten y acuerdan permanentemente, sus perspectivas ideológicas aunque liberales y/o fascistas presentan matices. El caso mexicano es un ejemplo de ello, por ejemplo, AMLO representa a un sector de esa oligarquía local y por ende a un sector de capitales extranjeros que están fusionados con la nueva oligarquía mexicana. Lo mismo ocurre con los otros candidatos a la presidencia: con Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Ninguno está por suprimir el carácter oligárquico del Régimen. Todos son parte de la “mafia del poder”, todos encarnan, matices más matices menos, los intereses de las corporaciones monopolistas.

El régimen político oligárquico ha recorrido dos grandes etapas, una que va de 1955 a 1982, en que se consolida como fracción hegemónica de la burguesía. Y otra que coincide con las políticas abiertamente neoliberales que se abrieron paso en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas que se prolongaron hasta nuestros días. Ambos expresidentes protagonizaron cambios de fondo en el régimen político que rompió con una amplia gama de rasgos heredados de la Revolución de 1917, y que redefinieron las nuevas relaciones entre el Estado y las clases populares. Cambios que detonaron el arranque de un nuevo periodo de recolonización u ocupación integral de México por parte del imperialismo, en particular el estadounidense. El nivel de despojo generado por lo que podríamos llamar la primera era de Reformas Estructurales que dieron pie a promoción de nuevos personajes a ese selecto club donde participan poco más de 30 consorcios empresariales trasnacionalizados, los cuales fueron beneficiarios directos de la privatización de la propiedad pública, social y comunal.

Son ya suficientemente claros los posicionamientos políticos de los principales candidatos a la presidencia ante los diferentes estratos y fracciones capitalistas locales y extranjeras y, de algún modo, ante los bloques de poder representados por Estados Unidos, Europa y Japón de un lado y el conformado por Rusia y China de otro. Además, al calor de sus pugnas políticas los contenidos y ofertas electorales se han perfilado con mayor nitidez, al igual que el cronograma de gobierno que habrán de seguir a lo largo del sexenio.

Tres de los candidatos se asumen como abiertamente neoliberales: “El Bronco”, candidato independiente respaldado por un sector de empresarios neoloneses aboga por un neoliberalismo abiertamente ultraderechista; es un candidato marginal, difícilmente alcanzara el 3 por ciento de la votación total; aunque es una oferta política que se mantendrá a la espera del fracaso de la versión “populista” de izquierda liberal representada por AMLO; un poco al modo de los neofascistas Donald Trump, Marine Le Pen o Silvio Berlusconi que aprovecharon el desgaste y desprestigio de las derechas liberales tradicionales. Saben que la situación mexicana es volátil y que la coyuntura económica y los intereses de la oligarquía serán un férreo dique a las pretensiones de ampliar el gasto social de forma significativa.

Meade y Anaya representan al PRI y al PAN, los demás partidos que forman sus coaliciones son grupos de relleno; sus porcentajes de votación para el 1° de julio rondan entre el 22 y 25 por ciento. Digamos que encarnan a las derechas tradicionales, a los “socialdemócratas” o a los democratacristianos.

Y finalmente Andrés Manuel López Obrador, un neopriista, liberal progresista, que hasta el momento ha desarrollado una plataforma montada en la lucha contra la corrupción, la revisión de algunos aspectos de las últimas 12 o 14 Reformas Estructurales; además de investigar la legalidad de algunos contratos petroleros y cancelar la Reforma Educativa si abandonar el tema de la calidad educativa como eje de su propuesta, lo que en realidad constituye el alma de la educación neoliberal. También propone una nueva Alianza para el Progreso como la de Kennedy para México y Centroamérica, Alianza que en realidad fue un programa contrainsurgente. Proyecto que en algunos aspectos declarativos coincide con el proyecto para la Seguridad y la Prosperidad para Centroamérica diseñado por el gobierno de Trump y que es parte del Triángulo Norte, dispositivo político militar para contener la migración, el desarrollo de insurgencias y cercar a Nicaragua entre otras cosas. Promueve también un vasto programa de asistencia social, muy en estilo de los programas neoliberales de contención de la pobreza y de redistribución del ingreso sin tocar las ganancias de la oligarquía y un plan de incrementos salariales sin afectar las tasas de ganancia de la burguesía. Su oferta de no reprimir y de garantizar la reducción de los índices de violencia le ha ganado el apoyo de amplios sectores, a pesar de que hay muchas ambigüedades sobre la permanencia del Ejército Mexicano en las calles. Otro elemento relevante de sus ofertas electorales es su promesa de atenerse a la Doctrina Estrada, a respetar la autodeterminación de los pueblos, lo que evidentemente ayudaría a la Revolución Bolivariana y a Cuba entre otros países. Se espera que gane los comicios con un porcentaje que se mueve entre el 46 y el 52 por ciento. 

d) Qué posibilidades tiene un Golpe de Estado que desconozca el triunfo de AMLO

Las elecciones en México son elecciones de Estado. Habitualmente la compra y la coacción del voto en tiempos normales rondan el 50 por ciento. Los procesos electorales están montados en la organización de clientelas a través de programas públicos y de dadivas ilegales. Los núcleos duros son muy desiguales, aunque hasta ahora el PRI aventaja a todos los partidos en ese rubro y en el de las clientelas. Sin duda los procesos electorales siguen siendo fraudulentos; no obstante, el descontento acumulado y los corrimientos electorales de amplios sectores de votantes hacia MORENA, hacen imposible que triunfen los mecanismos ilegales que se usan tradicionalmente para alterar los resultados finales.

Pero esto es sólo un aspecto, en 1988 y 2006 se robaron la elección de forma brutal, las protestas no motivaron modificación alguna de la determinación golpista. Hoy están presentes otras situaciones que alteraron las correlaciones de fuerza que impiden la repetición de dichos escenarios.

La oligarquía mantiene posiciones diferenciadas; el núcleo anti-AMLO perdió fuerza; se mantiene un número relativamente pequeño, alrededor del 25 por ciento de los integrantes de este selecto grupo: Germán Larrea, Bailleres, Tricio, Coppel, Servitje, Claudio X, José Antonio Fernández y Alejandro Ramírez que optó al final por una cierta neutralidad. Por otro lado los pro-AMLO son Ricardo Salinas Pliego, Alfonso Romo, ambivalentemente Carlos Slim y Emilio Azcárraga; el resto de los grandes empresarios acepta que pueden trabajar con el tabasqueño. Los principales grupos financieros dueños de los bancos más importantes, además de la mayoría de los inversionistas de la Bolsa de Valores, asumen el triunfo de Obrador como cierto y no le ven problema. (9) Lo mismo acontece con “Black Rock” y otros conglomerados internacionales. A diferencia de 1988 y 2006, la oligarquía se encuentra dividida, la composición del gabinete de López Obrador refleja sus acuerdos con sectores del capital trasnacional.

Por otra parte, la alta burocracia política y financiera se encuentra fragmentada. En 1982, el grupo que conformaba el gabinete económico financiero tomo las riendas del Estado mexicano, el grupo de Miguel de la Madrid y Carlos salinas encabezaron el desplazamiento de los “políticos” del ejercicio del poder. Este grupo económico financiero se fue consolidando a lo largo de los años 50 y se mantuvo más o menos compacto hasta 1994. La división en ese año se da a raíz del asesinato de Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Ernesto Zedillo, tipificado como neoliberal duro, ultra, rompió con Salinas de Gortari. Hoy Zedillo ha mostrado simpatía con Obrador; uno de sus principales ex operadores políticos Esteban Moctezuma es el futuro Secretario de Educación Pública. Este último empleado de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV AZTECA, entre otras empresas. Además actores muy relevantes de este grupo económico financiero como Guillermo Ortiz, exdirector del Banco de México y ex Gerente General de BANORTE, han mostrado su disposición a apoyar a AMLO; además de Santiago Levi, alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo.

Existen fuertes indicios, algunos públicos, que un sector de viejos operadores de la policía política vinculados a la regulación del narcotráfico y a la represión están trabajando para aminorar el desplome del PRI, a la vez que impulsan la candidatura de AMLO, entre ellos está Manlio Flavio Beltrones, Osorio Chong, Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca en los tiempos de la APPO; el propio René Juárez Cisneros y hasta personajes como Wilfredo Robledo, el Chacal de la UNAM y de San Salvador Atenco y exjefe de seguridad de Slim. Por si fuera poco, el PRI y el PAN están destrozados, sus divisiones son del dominio público. Las amenazas de ajustes de cuentas, una vez pasada la elección, en contra del grupo de Enrique Peña Nieto, se ventilan en los medios. Hasta el equipo del presidente se dividió. En el PAN ocurre lo mismo, sobre el candidato presidencial Ricardo Anaya hay señalamientos que piden su expulsión.

Las divisiones de la clase política estadounidense también son otro ingrediente decisivo. Todo esto no existía en 1988 y 2006; en tales circunstancias un golpe de fuerza carece del respaldo necesario; el propio ejército dejó a un lado su protagonismo político. Salvador Cienfuegos, Secretario de Defensa, abandonó su tono amenazador y se retiró a la penumbra. En términos de correlaciones de fuerzas, un golpe tendría consecuencias negativas como lo reconoció Carlos Slim, más cuando el candidato de la coalición “Juntos haremos Historia” concreto todo tipo de pactos con un gran número de los representantes de la “mafia del poder”. 

e) El sujeto constituyente

A partir de esos pactos establecidos con la oligarquía y con diversos sectores del capital internacional por parte de los tres bloques electorales: Morena-PT-PES (Juntos haremos Historia); PRI-PVEM-PANAL (Todos por México) y PAN-PRD-MC (Por México al Frente), se puede establecer el alcance real de sus promesas y compromisos con las clases trabajadoras, las clases medias, las naciones y comunidades indígenas, con mujeres, jóvenes y grupos sexo-diversos. Otro elemento que resulta indicativo de cuál es y será su actuación frente a movimientos ciudadanos, comunitarios y sociales que no se encuadren en la lógica gubernamental y empresarial, son sus posturas frente a los tres grandes referentes de movilización nacional: la lucha de las y los trabajadores de la educación aglutinados en Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los movimientos en defensa de la tierra y las luchas de las mujeres.

En el caso de los tres candidatos abiertamente neoliberales sus posturas son de choque con respecto a estos sectores movilizados; salvo tibias condenas a la violencia feminicida, no dejan dudas sobre el rechazo a toda militancia social que ponga en duda el proceso de reformas estructurales. En cambio AMLO reconoce cierta justeza de las luchas sociales aunque reitera sus modos de proceder frente al movimiento social cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, plantea que los problemas se van a resolver desde la gestión gubernamental, desde arriba.

En realidad AMLO no congenia con la movilización social autónoma; su propio esquema de defensa del voto exhibe sus concepciones de fondo sobre el activismo social. Su obsesión se centra en el cuidado de las casillas electorales; no tiene ningún dispositivo de movilización en caso de que le roben la elección. Si bien hoy el panorama es radicalmente diferente al de 2006, llama la atención la ausencia de un plan que vaya más allá de los reclamos legales, en el marco de una LEY que incluyó muchas de las propuestas de Obrador; las que en el caso mexicano no han bastado para evitar el recuento fraudulento de los votos como aconteció en el Estado de México el año pasado.

Pero esto no quiere decir que no tenga un proyecto de refuncionalización del régimen donde los movimientos sociales y los partidos electorales serán algunos de los engranajes de un nuevo corporativismo. De un nuevo sistema de regulación de las luchas de clases, de los pueblos originarios y de las mujeres. Por la vía de sus alianzas electorales, ha puesto en marcha un proceso donde algunas de las dirigencias que vienen del priísmo puedan converger. Sobresalen los casos de Francisco Hernández Juárez con más 40 años al frente del Sindicato de Telefonistas, de Elba Esther Gordillo expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una de las personas más repudiadas por sus niveles de corrupción y de activismo a favor del proyecto neoliberal; dentro de esos personajes también destaca Napoleón Gómez Urrutía dirigente del Sindicato Minero quien heredó de manos de su padre la dirección sindical y que se mantiene en una línea laborista plagada de ambigüedades.

Junto a este proceso se viene desarrollando la inclusión de viejas dirigencias campesinas que reproducen las pautas del agrarismo burgués por decir lo menos; todo lo cual podrá ir de la mano de la formación de un partido que incluya a todas las fracciones priístas, panistas y religiosas de derecha que se han sumado al proyecto obradorista.

En términos prácticos, las repercusiones de tales convergencias tienden a asfixiar a los movimientos sociales independientes, tienden un cerco a la CNTE y a varios movimientos en defensa del territorio. Algo parecido sucede con los movimientos de mujeres; Obrador ha preferido la alianza con el Partido Encuentro Social (PES) formado por grupos religiosos ultraderechistas y fundamentalistas a pactar con movimientos que abogan por los derechos de las mujeres y los sexo-diversos.

Lo que resulta más complicado de visibilizar, mucho más incierto, es el derrotero que seguirán los actores o sujetos sociales antineoliberales, que son quienes en el marco de la crisis pueden modificar las expectativas de quien resulte triunfador en la contienda electoral. El piso puesto por la crisis social, por el acumulado de afrentas y descontentos, y los límites económicos y culturales de las propuestas oligárquicas e imperialistas representadas por los tres candidatos y bloques electorales, augura un crecimiento de la lucha reivindicativa.

El previsible triunfo de López Obrador no sería posible sin una irrupción social de clases medias y sectores populares; sin la participación de diversos actores sociales, ciudadanos y comunitarios que activa y potencialmente tienden a romper con la institucionalidad aceptada por las trasnacionales, la clase política y los órganos de poder del Estado. Actores que seguramente presionaran para que las promesas de campaña se cumplan. Esa presión social que aún no muestra sus potencialidades obligó al cambio de actitud de sectores oligárquicos hacia el candidato de Morena. Del rechazo pasaron a la neutralidad, con excepción de quienes habían pactado con AMLO desde antes; su cambio de opinión sobre un posible gobierno obradorista fue obligada, resultado de una irrupción social que rebasó los marcos de participación clientelar.

Eso motivó el cambio de opinión de sectores de la gran burguesía y de sus operadores políticos que decidieron correr el riesgo imponiendo múltiples candados. El descontento ya no podía ser manejable en el marco de las alternancias del PRI y el PAN en la presidencia y de los dispositivos represivos existentes; por ello tomaron la determinación de arriesgarse con un candidato como Obrador que propone una cierta redistribución de la riqueza disminuyendo el costo de operación del Estado y generando ingresos extras a través del combate a la corrupción.

Esta irrupción social, que tiene su antecedente directo en la insurgencia cívico electoral de 1988, comparte con aquella la expectativa de luchar por el gobierno, de echar abajo al PRI y ahora también al PAN como corresponsable de la situación de crisis social y desastre humanitario. Sin embargo, guarda algunas particularidades que le dan un sentido propio; por ejemplo, la participación de las capas medias y una nueva masa de jóvenes es más importante que en otros procesos electorales, de ahí que las preferencias por AMLO ronden el 50 por ciento del electorado.

Si bien resulta abrumadora en este momento la forma electoral de participación social, en la que predominan los mecanismos propios de una elección de Estado, con sus métodos clientelares y el control de las cúpulas partidocráticas, con la injerencia de corporaciones empresariales, de iglesias y el crimen organizado, además de los organismos de “seguridad nacional”, existen otras manifestaciones sumamente relevantes.

A diferencia de 1988 en que el factor de la insurgencia cívico-electoral tuvo mayor peso frente a los recursos movilizados por los partidos que respaldaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas; en la elección actual los apoyos de AMLO provienen en primer lugar de recursos estatales, de forma parecida a lo sucedido en 2006 y 2012 en que los recursos del gobierno de la CDMX y del IFE fueron decisivos. Sin embargo, hoy se puede hablar de una situación mixta; es decir, de la concurrencia de procedimientos propios de una elección de Estado y de un auge civil que tiene sus propias motivaciones, ajenas al clientelismo y a las manipulaciones tradicionales. Dichas formas de participación relativamente autónomas son muy importantes aunque no alcanzan el nivel de beligerancia mostrada en la participación de amplios sectores sociales que, en 1988, lindaron con la insurrección y que junto a fracturas del ejército y de la clase política, le dieron una radicalidad a la insurgencia electoral no vista en elecciones posteriores.

El factor más relevante que ha marcado la historia del país en los últimos 30 años fue la emergencia de un “sujeto democrático nacional”, pluriclasista aunque mayoritariamente popular que con altas y bajas ha persistido alimentando las luchas contra las privatizaciones, el alzamiento zapatista y las irrupciones cívico-electorales. La posibilidad de radicalizar las tendencias hacia la revolución democrática, la liberación nacional y el socialismo, que en realidad son aspectos de un mismo proceso, depende de la capacidad de ese sujeto para aprovechar las potencialidades contenidas en la crisis. De accionar de forma independiente, de no caer en una dinámica de sujeción a liderazgos liberal progresistas como ha ocurrido en buena parte de los países que han vivido la experiencia de contar con gobiernos progresistas.

Lo que viene es una agudización de la catástrofe humanitaria que padecemos las y los mexicanos. Sin afectar a la oligarquía y al capital trasnacional será muy difícil ensayar un programa de superación de la pobreza con la suficiente densidad para revertir la crisis social. Estamos a la puerta de una nueva crisis económica, los déficits sociales son mayores, las inercias del capitalismo neoliberal basado en el despojo, la precarización de las y los trabajadores y en el uso de la violencia y el terror de Estado no tienen contrapesos efectivos en México, más que los que podrían derivarse de la movilización social autónoma.

Debemos aprovechar la incorporación a la participación política de amplios sectores de la población y ampliar al máximo la ilusión de muchas personas en que se respetaran los derechos políticos, sin bajar la guardia. El movimiento social tiene la posibilidad de enrumbarse por el camino de la disputa del gobierno y el poder, de ampliar sus espacios de autogobierno y de ensayar procesos basados en la democracia comunitaria, en la acción directa y a través de mecanismos de participación que confronten a la partidocracia. Agruparnos en el Frente Nacional Convocado por la CNTE con un claro sesgo antioligarquico, por el poder para el pueblo, en pos de la revolución democrática, la liberación nacional y el socialismo como lo señala su declaración política, por salir, es un paso importante; otros más ya están en marcha desde las comunidades. Esa es la salida para no ser cooptados por el liberalismo progresista.


Notas:

(1) García Ibarra, Abraham. “El fantasma del golpe de estado técnico”. 4 de marzo de 2015 http://proyecto3.mx/2015/03/el-fantasma-del-golpe-de-estado-tecnico/ Gilly, Adolfo. Por una utopía cruel dejamos nuestras casas. Nexos. 1 septiembre, 1996. https://nexos.com.mx/?p=7978   Mora Gallardo, Héctor Alejandro. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Crisol Plural. 29 nov 2012. crisolplural.com/2012/11/29/carlos-salinas-de-gortari-1988-1994-el-salinato/

(2) “A diferencia de la “mafia del poder”, el término cleptocracia define una dinámica distinta: es la institucionalización del robo. La “mafia del poder” es descriptiva; la cleptocracia, prescriptiva. La “mafia del poder” captura al Estado; la cleptocracia se vuelve el Estado. La cleptocracia, a diferencia de la mafia, transforma lo que son bienes públicos en bienes privados —discontinuos, aleatorios e inestables—, distribuidos por un gobierno sin legitimidad e ilegal. La cleptocracia domina toda la ecuación del juego, al grado de dinamitarlo por completo. La corrupción, en la cleptocracia, no es la excepción, sino la regla, y no es una práctica ajena a la institucionalidad, sino el hecho que explica su funcionamiento.” CLEPTOCRACIA, Jenaro Villamil. https://www.megustaleer.mx/libros/cleptocracia/MMX-008681/fragmento

(3) El Estado es la cúspide o el núcleo de un sistema de dominación” que es incluye al régimen político, al gobierno y a diversas instancias de poder económicas, políticas, militares y culturales, formales e informales, legales e ilegales que operan los procesos de dominación a modo de flujos que le dan vida a la reproducción de la dominación burguesa. Rui Mauro Marini avanzó en la elaboración de esta perspectiva integral. Cuadernos Políticos, número 36, ediciones era, México, D.F., abril-junio 1983, pp. 73-86. Jaime Osorio Chile: Estado y dominación.

(4) Nos parece que esto es evidente cuando revisamos la evolución de gobiernos y movimientos que son o devienen progresistas; en alternativas burguesas o pequeño burguesas de redistribución del ingreso y de regulación de las inequidades e irracionalidades más escandalosas del capitalismo neoliberal sin cuestionar la relación de dependencia neocolonial y sin estrategias concretas de avance al socialismo. Los gobiernos de progresistas de Brasil, Uruguay, Argentina, El Salvador, Paraguay, entre otros, son un claro ejemplo de ese fenómeno, que incluso ha influido en segmentos revolucionarios en prácticamente todos los procesos que se reclaman anticapitalistas.

(5) Nadie con un nivel mínimo de honestidad puede minusvalorar el aporte personal de los dos dirigentes de la Revolución Cubana y Bolivariana al cambio de correlaciones de fuerzas que se registró a partir de 1999 en que Chávez llega a la presidencia. El impacto en las disputas de resonancia global fue evidente: Medio Oriente, América Latina y Asia.

(6) Los 300 mil muertos, El Universal, 23 feb. 2016, www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/.../02/.../los-300-mil-muertos.

(7) “El secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly, dijo que… "Para los Estados Unidos, la seguridad fronteriza empieza mil 500 millas al sur"… durante el inicio del segundo día de actividades de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica, en Miami. El funcionario resaltó que este evento es producto de la visita que realizó a México junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, en febrero pasado.
Advirtió que tanto el Gobierno de México como el de Estados Unidos están muy interesados en la seguridad en Centroamérica, específicamente en materia de seguridad fronteriza, drogas, combate a la migración ilegal, asuntos ambientales y lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Ante la dificultad que plantea la situación del Triángulo Norte, dijo que hay que ver el caso de Colombia, que ha cambiado —en términos de la disminución de la violencia— desde hace 20 años.” http://diario.mx/Estados_Unidos/2017-06-16_5b8d3105/prioriza-kelly-seguridad-en-frontera-sur-de-mexico-/

(8) La nueva oligarquía que gobierna en México: un esbozo para su estudio. Alejandro Valle Baeza y Gloria Martínez González; Oligarquía y Estado en el México de hoy, Arturo Guillén ; La oligarquía "mexicana" al servicio de la élite internacional: ¿Quién quiere vender lo que resta del país? Roberto Hernández.28 de octubre de 2013; La burguesía, la oligarquía y el Estado y Teoría leninista del imperialismo. Alonso Aguilar Monteverde;

(9) Inversionistas dan por hecho un triunfo de AMLO el 1 de julio, sólo esperan el resultado del Congreso, El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Inversores-dan-por-hecho-un-triunfo-de-AMLO-el-1-de-julio-solo-esperan-el-resultado-del-Congreso-20180629-0073.html