Los ecos del triunfo electoral del movimiento lopezobradorista en las elecciones mexicanas del 1 de julio pasado comienzan apagarse y la ciudadanía vuelve a sus rutinas cotidianas. Pero, nada ha cambiado aun en México, la condición “gore” se mantiene. Aunque la transición gubernamental se presenta tersa, o sea, suave y tranquila, dado los cinco largos meses que faltan para que asuma el nuevo gobierno, nadie podría asegurar que la tersura inicial se mantenga en el tiempo. Muchos intereses económicos y políticos que comprometen directamente a los poderes fácticos que operan en la sociedad mexicana están “juego” con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al gobierno.
Los Poderes Fácticos Mexicanos
Los diversos poderes fácticos, principales agentes de la violencia y de la corrupción están intactos y podrían operar en cualquier momento en contra del presidente electo y de sus aliados. El accionar del crimen organizado, del empresariado antidemocrático y corrupto opera con sigilo entre los recovecos de los poderes institucionales; las extensas y profusas redes de la corrupción burocrática federal, estadual y municipal están operativas y prestas; las organizaciones sociales y políticas corruptas se preparan para actuar en el nuevo escenario político; lo mismo sucede con los aparatos represivos (policías y fuerzas armadas), con los medios de comunicación de masas, vinculados directa o indirectamente con los poderes fácticos y gubernamentales, etcétera. Todos siguen, como las arañas, urdiendo y tejiendo sus redes. La “mafia del poder” no ha sido derrotada ni desarticulada. Esta mafia, que, según AMLO, ha tenido secuestrada, durante largos años, a la democracia, sigue operativa.
Ahora bien, una “democracia secuestrada” por los poderes facticos no se libera solo con un triunfo electoral por muy sólido, masivo, contundente y mayoritario que haya sido como fue el triunfo de AMLO; se requiere, por lo menos, proponerse cambios radicales y estructurales profundos que afecten directamente a las fuentes del poder social de esos actores políticos estratégicos mexicanos. Lo que se necesita, en otras palabras, es que el movimiento lopezobradorista inicie una revolución política, social y económica que voltee completamente al México actual, de lo contrario, los poderes fácticos tienen la fuerza y los recursos humanos y logísticos para obstaculizar de diversas formas al futuro gobierno. Sobre todo, impedir su ascenso el próximo 1 diciembre. La historia de la infamia sigue su curso en México.
Por eso, para “hacer historia” como pretende el movimiento lopezobradorista tiene que frenar en seco: la historia que los poderes facticos construyeron hace ya, aproximadamente, cuatro décadas, en México. Con esos poderes no se pacta ni se transa. De no revolucionar la historia, la sociedad mexicana, seguirá, por un lado, manteniendo la actual estructura de dominación y, por otra, va recorrer la senda trazada por los diversos gobiernos progresistas latinoamericanos que emergieron durante el denominado “giro a la izquierda”, entre 1998 y 2015.
El Giro a la Izquierda: éxito y fracaso
La izquierda y el progresismo latinoamericano ha celebrado con júbilo y esperanza el triunfo político y electoral de AMLO pues ha considerado que dicho triunfo podría constituirse en un freno a la “reacción conservadora” de las derechas latinoamericanas que desde 2009 en adelante han venido recuperando el gobierno en distintos países de América del Sur. Con igual ilusión esperan la excarcelación del expresidente Ignacio “Lula” da Silva y su futuro triunfo electoral en las próximas elecciones de octubre.
En efecto, hace una década que las fuerzas políticas del capital neoliberal han venido recuperando ya sea por medio de acciones políticas institucionales (golpes blandos) o, a través de triunfos electorales, el gobierno de países que habían elegido en la década anterior gobernantes progresistas o de izquierda.
El “giro a la izquierda” que para muchos analistas de izquierda había abierto en América Latina y el Caribe, un escenario pos-neoliberal, se había iniciado en 1998, con el triunfo electoral de Hugo Chávez, había comenzado a cerrarse con el triunfo presidencial de Mauricio Macri, en Argentina, en el 2015. Así en en una década, la derecha neoliberal “recuperó” los gobiernos de Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Honduras y, se mantuvo triunfante en Chile, Colombia, Guatemala, República Dominicana y Haití. Mientras que partidos “progresistas”, pero no necesariamente antineoliberales, mantienen en el gobierno, en El Salvador y en Uruguay. Solo dos sociedades que optaron por realizar cambios revolucionarios, ya sea, políticos o sociales, se mantienen en pie y en lucha, Bolivia y Venezuela. En una situación altamente contradictoria y compleja, se encuentran los gobiernos supuestamente progresistas y de izquierda, de Lenin Moreno en Ecuador y Daniel Ortega, en Nicaragua. En consecuencia, la actual situación política de los progresismos y de la izquierda latinoamericana es, por cierto, paupérrima. Obviamente, que el triunfo de AMLO y su discurso antineoliberal, entusiasma. Pero hay que ser mesurados en la celebración y en el triunfo como también su proyección futura.
Ahora bien, teniendo en vista este cuadro situacional considero que presenta el “giro a la izquierda”. Pienso que este debe ser analizado distinguiendo lo que son los procesos revolucionarios de cambio histórico, por un lado, de los gobiernos progresistas que buscaban corregir o atenuar las consecuencias sociales, económicas y políticas del neoliberalismo en sus respectivas sociedades, por otro.
Luego de dos décadas de cambio político impulsado por actores políticos y sectores progresistas antineoliberales, el fracaso histórico esta a la vista. Tan solo, dos sociedades, Venezuela y Bolivia, continúan, la primera, con muchas dificultades y problemas, impulsando políticas públicas de orientación antineoliberales. Aunque, la primera, busca implementar también medidas anticapitalistas, la segunda, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha optado por consolidar una nueva versión del capitalismo nacional-popular-desarrollista que García Linera, nombra como capitalismo andino-amazónico.
Los gobiernos progresistas en Brasil, Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff; en Argentina, los Kirchner, Néstor y Cristina Fernández; Rafael Correa, en Ecuador; como también, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay como de la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile, solo impulsaron un conjunto de medidas y políticas que tendieron a corregir algunas de las principales fallas de la economía de libre mercado. Todas ellas muy significativas para los sectores populares y empobrecidos por el impacto social del neoliberalismo. Sin embargo, no tocaron las estructuras del poder capitalista.
Este poder limitó y obstaculizó, a través de distintas acciones sociales, institucionales, comunicacionales, políticas y políticas, la acción gubernamental de los gobiernos progresistas. Ante la “vuelta del Estado” y su accionar de protección social y reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales anteriormente conculcados; muchos actores políticos y organizaciones sociales ciudadanas vinculadas, especialmente, a las capas medias, demandaron más libre mercado, en otras, palabras más “libertad para elegir”. Toda regulación por parte del Estado del mercado fue denunciada como un atentado en contra de la libertad individual y, sobre todo, como una acción autoritaria de parte del gobierno. Entre la gran burguesía capitalista y las capas medias promercado se fue gestando una alianza social y política dispuesta a recuperar la conducción gubernamental con el objeto de sostener y dar continuidad al neoliberalismo.
El Giro a la Derecha: ataque a los gobiernos progresistas
Para esos efectos, la estrategia política consistió en atacar institucionalmente a los gobiernos progresistas y, convocar a la protesta política y a la movilización social callera de los sectores medios e incluso populares con el objeto de desestabilizar al gobierno. En Brasil, Argentina, Paraguay y Honduras, entre otros países, la combinación y articulación de ambas dimensiones de la estrategia derechista, tuvo éxito. La derecha hondureña (2009), la paraguaya (2012) y la brasileira (2016), destituyeron a través de un “golpes blandos” a los presidentes en ejercicio, Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff, respectivamente. En Chile (2010), la derecha llegaba, luego de 50 años, al gobierno a través de un proceso electoral. Mientras que, en Argentina (2015), luego de un siglo.
Ahora bien, la re-vuelta de la derecha neoliberal ha sido exitosa no solo por el despliegue de su adecuada estrategia política sino, también, por los errores políticos cometidos por los propios gobiernos progresistas. Aquí la lista es larga y abundante. Tal vez, el más importante de todos dice relación con la no ruptura con el padrón de “acumulación por desposesión” en base a la explotación y devastación de la naturaleza. Es decir, del llamado modelo neo-extractivista de crecimiento económico que dio lugar al denominado “consenso de los commodities”.
Entre los gobiernos progresistas e incluso de la izquierda revolucionaria se instaló una idea hegemónica, según la socióloga Maristella Svampa, que es producto de la convergencia entre un histórico paradigma extractivista, asociado a la reprimeración y comoditización de la economías, y una visión tradicional, cuyo rasgo saliente continúa siendo el productivismo y la competitividad a ultranza, conceptos apenas rejuvenecidos por la utilización siempre oportuna y frágil de ciertas categorías globales (sustentabilidad, responsabilidad social empresarial y gobernanza). Todo ello llevó a los gobiernos progresistas no solo a un persistente acoplamiento entre extractivismo y neoliberalismo, expresado de manera emblemática por Perú, Colombia, Chile y México, sino también por países con gobiernos progresistas como ha ocurrido en Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, e, incluso, algunos autores como Svampa, incluyen a Bolivia.
La alianza entre extractivismo y neoliberalismo ha implicado la masiva resistencia de los pueblos y ciudadanía afectados directamente por su accionar. Ante lo cual los gobiernos progresistas han optado por la criminalización de la protesta popular y de la acción de los movimientos sociales que no solo rechazan al neoliberalismo sino al capitalismo. Incrementado la represión y la violencia sobre los sectores subalternos y plebeyos.
El qué hacer anticapitalista
Estos sectores al verse postergado y marginalizados por la acción de los gobiernos progresistas, aunque, muchos fueron favorecidos por políticas redistributivas de esos gobiernos, optaron por auto-marginarse de la actividad política en busca de alternativas más radicales.
Tengo la impresión que las ciudadanías de México que apoyaron a AMLO, llegan tarde hacerse parte del “giro a la izquierda” e incluso el programa de gobierno de AMLO está desactualizado ante el escenario latinoamericano. Su factura y hechura corresponde a lo que, tal vez, se requería a comienzos del siglo XXI. Actualmente, las ciudadanías plebeyas, los pueblos originarios, las y los trabajadores y las mujeres requieren con urgencia desmontar de cuajo el dominio capitalista, ya sea éste, en su versión “normal”, nacional-popular, andino-amazónico, o extractivista-neoliberal o cualquier otro. América Latina y el Caribe, insisto no requiere otro gobierno que venga “componer” la dominación capitalista, sino, que ojalá, le ponga fin.
Nota:
Artículo publicado en El Ciudadano, N°224, Santiago de Chile, julio 2018, págs. 28-29. Se permite su reproducción señalando la fuente.
