Quien revise la historia de nuestro país en los últimos 35 años podrá percatarse sin dificultad de lo que ha sido en él la acumulación de capital bajo la batuta de los ideólogos y practicantes del neoliberalismo. Desde el “tendremos que aprender a administrar la riqueza” de José López Portillo —lo que él, según toda evidencia, no pudo aprender, aunque sí a saquearla—, no ha habido gobierno que no ofrezca mejores tiempos, de bienestar y prosperidad para los mexicanos. La brutal crisis de 1982 puso fin en corto tiempo a las expectativas del boom petrolero de 1977. La opaca renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid apenas si tocó a dos de los ex funcionarios del gobierno anterior, pero dejó intacta la estructura de la corrupción; y el adelgazamiento del Estado (antes obeso, ahora sólo rector) y el inicio de la apertura comercial no relanzaron la economía.
El sexenio salinista continuó con la apertura, en mayor escala aún, con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y la privatización no sólo de empresas manufactureras sino de gran parte de la infraestructura básica del país: teléfonos, sector siderúrgico, la banca nacionalizada en 1982, la petroquímica llamada secundaria (clasificación que sólo entonces se introdujo), la televisora estatal Imevisión (hoy TV Azteca), Fertimex, los ingenios azucareros, entre otras cosas. Otorgó también autonomía al Banco de México. Todo ello tenía el propósito de estimular la inversión y atraer capitales. El enganchamiento comercial con los Estados Unidos inició la demolición de la industria manufacturera y de la agricultura de subsistencia, que persisten hasta el día de hoy. Y no bien dejó Salinas a presidencia, estalló la crisis de diciembre de 1994 con su caída de -6.9 por ciento en el PIB y que dejó una deuda pública nueva de más de 30 mil millones de dólares.
Ernesto Zedillo (“Él sabe cómo hacerlo” y “Bienestar para tu familia”) continuó con las privatizaciones en lo poco que quedaba del patrimonio público: telecomunicaciones, ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y líneas aéreas. Pero además, se dio una rápida extranjerización de la banca, controlada hoy por consorcios españoles, estadounidenses, canadienses e ingleses. La crisis financiera de 1994 justificó, además, un mayor endeudamiento exterior, el empeño de la producción petrolera como garantía y el Fobaproa-IPAB como deuda interna.
Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron hacer más reformas de gran calado —llamadas desde entonces estructurales— que alcanzaran el sector energético, por ejemplo, porque no contaban con la mayoría de legisladores en el Congreso, y aquéllas fueron bloqueadas por la bancada priista. Pero en ambos gobiernos el crecimiento del PIB promedió apenas un 2.1 o 2.2 por ciento. La novedad con el segundo fue la militarización del país y la escalada de la violencia bajo la guerra al narcotráfico que mantienen enlutada a gran parte de la sociedad.
Por fin, con Enrique Peña Nieto, llegó una nueva oleada de reformas, las estructurales, pactadas con el PAN y el PRD: financiera, fiscal, de telecomunicaciones, educativa y, la regia corona: la energética, para abrir el petróleo y la electricidad a la inversión privada extranjera y nacional. Nuevamente, se reiteró el discurso de la prosperidad y el despegue económico del país, en un marco de unidad política y concordia. Hasta hoy, el crecimiento registrado en el PIB es de 1.44 por ciento en 2013; 2.1 en 2014; y 2.5 en 2015. Pero la corrupción cuesta al país hasta el 10 por ciento del producto, según datos de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y el impacto de la violencia en la economía nacional implica un 13 % del PIB (El Economista, 8 de abril de 2016). Por añadidura, Esta misma semana el Instituto para el Desarrollo Gerencial, con sede en Suiza, publicó su Anuario de Competitividad Mundial 2016 en el que informa que México descendió del lugar 39 al 45. Aun así, se continúa anunciando que nuestro país es uno de los mejores para la inversión.
Lo que ocurre es que, con alrededor del 60 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad, nuestro país ya ofrece la mano de obra más barata de entre las economías de la OCDE y una de las más baratas del planeta, codeándose con Honduras, Haití y países del África subsahariana, pero con mucho mejor infraestructura que esas naciones y en vecindad con el mercado estadounidense, el aún mayor en el mundo. La desigualdad social se ha acentuado, en consecuencia, y la sociedad se ha polarizado más entre ricos y pobres, estos últimos alrededor de 53 millones. Mas por índices de corrupción, inseguridad y violencia, ineficacia de la justicia, violaciones a derechos humanos y otros, las calificadoras internacionales y la CEPAL han reprobado el desempeño de la economía nacional y las inversiones se alejan. El empleo crece levemente; pero con trabajos de menor calidad, remuneración y rendimiento. Ello no obsta para que sus administradores, los dirigentes y altos funcionarios del BdeM, la SHCP, la Secretaría de Economía, y otros, se embolsen mensualmente ingresos de seis dígitos, al igual que los legisladores federales, ministros de la Corte, gobernadores y varios más.
Esos funcionarios son, empero, los que se obstinan en mantener sin cambio la actual
orientación en el proceso de acumulación. Son los mismos que salen reprobados en seguridad (SG, PGR, Sedena, Marina Armada, etc.: 70 mil muertos, 28 mil desaparecidos, casi todos con impunidad); los que han llevado al deterioro la educación y el sistema de salud pública; los que han convertido al país en el paraíso de la impunidad y de las violaciones a derechos humanos, según la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En realidad, el país se encuentra en vilo: fracaso tras fracaso que lo hacen probablemente uno de los más riesgosos y difíciles de habitar para la gran mayoría de la población. 12 millones de emigrados a los Estados Unidos dan cuenta de ello. La plutocracia financiera y sus encargados en los despachos de gobierno se han encargado de llevarlo a esa situación en los últimos treinta y cinco años, agudizando las contradicciones económicas y sociales como pocas veces en la historia; quizás como sólo en la etapa final del colonialismo español y durante el porfiriato.
¿A quién puede extrañar, así, que la movilización social empiece a extenderse por las calles y carreteras del país? El detonador, como es evidente, ha sido la impuesta y agresiva contrarreforma laboral magisterial, bautizada como reforma educativa. Una hechura, sin duda, de la OCDE y de la dictadura empresarial a través de grupos como Mexicanos Primero, donde confluyen Televisa, Kimberly Clark y otros consorcios monopólicos. La tenaz resistencia de los maestros ha empezado, poco a poco y después de tres años, a movilizar tras de sí a otros sectores: padres de familia, sindicatos, universitarios, intelectuales. Y ya no es sólo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la ciudad de México. También núcleos muy activos en Veracruz, Morelos, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Durango, Chihuahua y hasta Yucatán, más los que se van sumando casi día a día.
Hasta ahora, el movimiento magisterial contra la reforma ha logrado que se suspenda el proceso de evaluación de manera indefinida. Por temor, acaso, a que la movilización magisterial se reactive durante la inminente jornada electoral en doce estados. Pero la reforma pseudoeducativa de Peña y su alfil Nuño estuvo siempre condenada por elaborarse y aplicarse a espaldas del amplio sector magisterial; ahora está en vías de ser derrotada. Su único recurso es el uso de la fuerza —que fracasó ya en Chiapas, donde la policía retrocedió ante el avance magisterial— con desalojos, detenciones procesos, gases, macanas, tanquetas y otros recursos pedagógicos semejantes. Pero está visto que los profesores han perdido el miedo y que la represión los unifica en vez de desanimarlos.
La novedad es también que los maestros de la CNTE en Oaxaca, Veracruz, Durango han decidido llamar a votar en sus respectivas elecciones por los candidatos del Morena, fortaleciendo las expectativas de triunfo del partido de López Obrador en alcaldías, diputaciones y algunos gobiernos estatales.
¿De qué se trata? De un viraje, táctico pero quizá determinante: la confluencia entre movimiento social y movimiento electoral, que en muchas ocasiones, tal vez las más, han marchado por vías y con estrategias divergentes. Ante la evidente crisis no sólo económica y política sino también moral del régimen, es necesario acelerar su caída para abrir una etapa de resurgimiento social. No es sólo ya la resistencia, que por sí misma empieza a rendir frutos, sino de iniciar la construcción de proyectos integrales, políticos, sociales y económicos. La acción popular necesita desplegarse en la movilización callejera, así como en la actividad informativa; pero también en la lucha electoral que abra el camino a una renovación política. El momento y la supervivencia del país así lo exigen.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc5415
